"Bueno, yo voy a hablar...voy a tratar de hacer una reflexión con ustedes acerca de las políticas sociales y la distribución del ingreso, que creo que es otra cara u otro aspecto del planteo de Jaime. Es el espejo de la otra deuda, que es la deuda social.

La reflexión acerca de las políticas sociales debe ser realizada en un marco de una estrategia de intervención del Estado destinada al combate de la desigualdad y de la pobreza. Y esto remite a su vez a la discusión sobre el rol del estado cono articulador de un determinado contrato social, es decir, sobre los modos en que la sociedad asume colectivamente metas acerca de la distribución de la riqueza generada socialmente. Coloca así el debate en el centro de la disputa política vinculada con la definición del modelo de solidaridad social que adoptara el país, con su consecuente impacto en el modelo de sociedad y en el régimen económico que se establecerá y de la puja distributiva. Y en ese sentido la discusión sobre las políticas sociales requiere indagar sobre el nivel de tolerancia en la desigualdad y pobreza en la sociedad argentina. Su análisis también nos deriva hacia formas que hoy asume la acción política, los partidos políticos, los movimientos sociales, los actores sociales y las nuevas formas de expresión de demanda sociales. Asimismo nos refiere a la vinculación de los partidos políticos y los movimientos sociales con el Estado.

La crisis y el fracaso del modelo de los noventa que propugnaba al Mercado como el principal factor de integración social, se expreso en un violento deterioro de las condiciones de vida para gran parte de la sociedad argentina.
Con relación a los procesos desatados, tanto la crisis del Estado y el abandono de las funciones niveladoras, como el deterioro del Mercado, el aumento de la desigualdad y la generalización de la pobreza han llevado a un replanteo de la cuestión social, se ha hecho necesaria la búsqueda de políticas sociales que den respuestas a cambios profundos en la sociedad. Así como se agotó un modelo económico, también se agotaron modelos de abordaje de lo social. Y uno de los desafíos que presenta esta situación, es el de concebir una nueva generación de políticas sociales, integrales, desde una concepción de ciudadanía universal, que posibiliten la redistribución de ingresos, oportunidades y capacidades independientemente de una determinada  inserción  presente o pasada en el mercado de trabajo.
Y entre estas nuevas políticas, se encuentran las estrategias dirigidas a asegurar un ingreso a toda la población para alcanzar un determinado nivel de bienestar. En este sentido, un ejemplo de esto, en esta línea, es el programa familia C.I.D.H., que es un programa que diseñamos y propusimos ya desde el noventa y cinco, noventa seis, y que finalmente en el dos mil dos, realmente se empezó a poner en marcha y hoy esta planteado como una de las estrategias de reconversión del programa de jefes y jefas.
Pero la cuestión de los ingresos  es solo una parte de estas políticas. Las nuevas políticas sociales proponen un abordaje integral de lucha contra la desigualdad y la reproducción intergeneracional de la pobreza y en este sentido son condición de la universalización de la educación, del sistema de salud y de los servicios públicos.

Las transformaciones más visibles en el campo social fue la marcada concentración del ingreso en un pequeño sector de la población y el constante aumento de la desigualdad, la pobreza y la indigencia, expresada luego en la crisis del dos mil dos, afectando a más del 54 por ciento de la población. Y si bien hoy se observa una disminución de los niveles de incidencia, ya que en el primer semestre de este año la pobreza alcanzó el 45 por ciento de la población y la indigencia el 17, continúan en esta situación, y eso no hay que olvidarse, cerca de dieciséis millones de personas.
Y esta situación pone de relieve la importancia para el Estado de generar nuevas estrategias de intervención. Es necesario entonces, que la política social intervenga de manera tal que se impida la reproducción intergeneracional de la desigualdad y la pobreza y que se facilite la movilidad social.

En Argentina solo el 23 por ciento de los jefes en situación de pobreza están desempleados, solo el 44 por ciento de los indigentes; cerca del 25 por ciento de los jefes desocupados no son pobres y esto significa que el problema de la pobreza no puede ser resuelto exclusivamente con políticas de empleo, ya que con el nivel salarial promedio actual sería incluso posible alcanzar una situación de pleno empleo con altos índices de pobreza, puesto que el 43 por ciento de los trabajadores ocupados no consiguen atravesar la línea de pobreza y el 17 por ciento de los ocupados la de indigencia.
La pobreza en la Argentina es fundamentalmente una manifestacion de la desigualdad y producto de la concentración del ingreso. En efecto, si miramos el 1974, que es el mejor año de distribución de los últimos treinta años, el 20 por ciento de los hogares con menores ingresos accedía al nueve por ciento de la riqueza total. El 20 por ciento mas rico acumulaba el 35 por ciento. En mayo del dos mil tres el 20 % mas pobre recibía el 6 % de la riqueza y el 20 % mas rico casi el 50.

Si a partir de un ejercicio, de una simulación de redistribución del total del ingreso actualmente producido de acuerdo con la estructura de la redistribución del ingreso observada para el año 74, se observa: que los hogares pertenecientes al quintil mas alto de ingreso son los únicos que han   conseguido una mejora de su situación con la concentración del ingreso. La transferencia total de ingresos de toda la sociedad al quintil más rico alcanza 1667 millones de pesos mensuales, prácticamente, el 98 % de la deuda de pobreza. La deuda de pobreza hoy es aproximadamente de veinte mil millones. En consecuencia, si hoy lograra volverse a la estructura de distribución del ingreso del 74´, se lograría eliminar la pobreza.
Pero a partir de la crisis del 2001 no todos perdieron. Según datos
Pero a partir de la crisis del 2001 no todos perdieron. Según datos recientes si se comparara la rentabilidad empresaria entre el 2001 y el 2004, ésta creció cerca de un 40%. En el mismo periodo la pobreza aumentó el 23.4 y la indigencia el 46 %. El actual cambio de paradigma productivo a favor de un modelo con mayor propension a incorporar mano de obra y la recuperacion de la situacion social muestra aún un nivel de avance muy lento. Y cabe preguntarse entonces, si el aumento de la rentabilidad empresaria es causa del deterioro de los ingresos o de la lenta recuperación, y si esto es así debería redefinirse las instituciones, mecanismos  y regulaciones del Estado para equilibrar las situaciones sociales. Esta función es indelegable y es lo que va a permitir recuperar la integración social, un patrón cultural histórico de la sociedad argentina.

Argentina a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, insertó lo social en el proceso de acumulación económica, entonces desde esta perspectiva los sectores empresarios la rentabilidad no estaba asentada en las condiciones de indigencia de la población. En este contexto de desigualdad la política social debe actuar prioritariamente como herramienta redistribuida y garantizar un ingreso mínimo ciudadano independientemente de la inserción en el Mercado de trabajo. Asimismo debe asegurar el acceso universal a los sistemas de educación garantizando la terminalidad del secundario a todos los jóvenes y la cobertura de salud de calidad. No se trata solo de inclusión social, sino de inclusión equitativa.
Hoy todo planteo relativo a la política social deberá necesariamente poner en un lugar central al programa jefes y jefas de hogar, dada su magnitud y su importancia tanto social como económica, política y fiscal. La evaluación de sus problemas, su eficacia y las críticas a su desempeño no pueden sustraerse de este marco general. El programa jefes de hogar es hoy la principal herramienta de redistribución de ingresos a los sectores más vulnerables de la sociedad. Debe ser entendido entonces como una herramienta redistributiva, ésta es su mayor virtud, y no como un programa de empleo o asistencia. Si embargo tal como esta diseñado el programa ha comenzado a mostrar limitaciones. El programa surge como respuesta a la crisis desencadenada a partir del 2001 y frente a esta situación el Estado asumió el desafío y tuvo el éxito en implementar rápidamente un programa de transferencias de ingresos  tendiente a garantizar un piso mínimo a todos los jefes de hogar desocupados con hijos.
La generación de esta red, o esta enorme y masiva red de contención social, la más grande de Latinoamérica, Brasil no tiene una red de esta características, con problemas sociales quizás más graves, convierte al programa jefes de hogar en la bisagra de un modelo de transición de las políticas sociales. Es preciso que esta respuesta que fue de emergencia se convierta en un primer paso hacia la institucionalización de un ingreso ciudadano, con la única exigencia de control de salud de embarazadas y niños y la asistencia escolar y la terminalidad del secundario de los hijos. Y este ingreso debería subsidiar la búsqueda de trabajo(el sistema actual, el programa jefes de hogar, con la exigencia de una contraprestación, aleja a los beneficiarios de un mercado de trabajo) y garantizar condiciones de subsistencia.
El mecanismo de redistribución de ingreso no puede ser un programa ni un plan sujeto a reducciones, manipulaciones, a discontinuidades. Debe ser permanente, independiente, automático, institucionalizado, debería ser...debería desarrollarse también un conjunto de leyes que den sustento legal a este mecanismo. Debería pasar a formar parte del sistema de seguridad social de la Argentina.

Las falencias del plan jefes, no se encuentran en su función de transferencia directa de ingresos a los sectores más pobres sino en su diseño e implementación. El replanteo del programa, no ya en términos de subsidio al desempleo asociado a una contraprestación laboral, sino de derecho a la ciudadanía, puede favorecer la legitimación de la política social.
Hoy es un programa deslegitimado y percibido como asistencialista y estos problemas lo convierten en extremadamente débil frente a las pujas redistributivas y en un blanco de cualquier política de ajuste. Es preciso reflexionar acerca del tema de la legitimidad y la generación de consenso respecto de las políticas redistrubutivas y en especial cuando se trata políticas de redistribución hacia los sectores más vulnerables de la sociedad. Tal como esta planteado hoy el programa jefes de hogar, es un programa sujeto a presiones y lobbies de diferentes sectores sociales y económicos, dado que detrás de la existencia o no de este programa existe disputa de quien se apropia de los excedentes y también disputa y discusión acerca del rol del Estado y la responsabilidad como garante de los derechos ciudadanos. Se discute en última instancia el rol del Estado como articulador y formador de una estructura económica y una organización social.

Sectores que se oponen y razones: muchos sectores hoy son renuentes a aceptar una transferencia de ingresos hacia los sectores más vulnerables de la sociedad. El motivo central de esta oposición más allá de los argumentos esgrimidos, es la puja redistributiva que existe detrás de un programa que transfiere recursos de manera directa a los más vulnerables de la sociedad. No obstante el programa tal como está planteado hoy da excusas para ésto, es muy difícil defenderlo y de hecho ni siquiera los propios beneficiarios del programa lo defienden. Tiene niveles de rechazo por encima del 40 % entre las propias organizaciones de base que nucléa a los beneficiarios. Lo rechazan porque es bajo el monto del beneficio, porque se generan además, debido a las limitaciones de su gestión fragmentaciones y disputas entre quienes cumplen y quienes no la contraprestación. Al cerrarse el patrón de inscriptos y convertirse en un programa no universal se hacen patentes las injusticias que se generaron en el reparto ya que finalmente son beneficiarios quienes llegaron primero.
Los sectores pobres que no perciben el beneficio, también están en
contra del programa, tanto aquellos sectores que tienen un trabajo cuyo salario no es mucho mayor al valor del subsidio, como aquellos desempleados que no reciben ningún beneficio. Ven como injusta y arbitraria una asignación de recursos que a pesar de estar en un situación similar no los considera.
Las ONGs consideran preferible que se financien las tareas sociales que ellas realizan mas que una transferencia directa del Estado a beneficiarios. Esto puede estar expresando una disputa con el Estado por el lugar de la intermediación. Y esto es el caso muy claro de Caritas.
Otros sectores de clase media rechazan el plan. Se perciben así mismos, como aportantes sin ningún tipo de beneficio de un subsidio a sector que  consideran que debería valerse por sí mismo.
El sector empresario se opone a la existencia de un programa con el argumento de que el subsidio va contra la posibilidad de inserción en el trabajo.
Los beneficiarios lo prefieren a ganar un salario similar. Resulta  difícil concebir que una persona se considere satisfecha con un ingreso de 150 pesos, que no cubre ni siquiera el cincuenta por ciento de la canasta básica alimentaria ni el 25 % del ingreso necesario para sobrepasar la línea de pobreza.  Pero si el programa jefes funciona realmente como un desincentivo de la existencia de salarios de superexplotación, esto es un beneficio del programa y quizás su mayor virtud y no un perjuicio del programa. Ya que establece un piso mínimo del salario, que impacta tanto en la economía formal como en la economía informal, sobre la cual el estado no tiene ningún tipo de herramienta de intervención. Quizás esta puede ser una de las pocas herramientas que tiene hoy en vigencia.
El sector agroexportador en particular, presiona en contra del programa, ya que representa el cuarenta por ciento de los ingresos  por retenciones a las exportaciones.
Los pequeños productores y comerciantes declaran su política de gasto, como mediación y articulación de intereses del conjunto de la sociedad. Garantizar niveles adecuados de integración social equitativa es una de las funciones prioritarias del Estado y por ese motivo es legítima la decisión de predestinar parte del gasto social al financiamiento del mecanismo de seguridad social, ya que este es el mecanismo fundamental para garantizar mayores niveles de bienestar, así como la viabilidad del conjunto de la sociedad. De hecho todos  los países desarrollados cuentan con sistemas de seguridad social y esto es condición de desarrollo.
Por último, no suele ser tenido en cuenta el hecho de que los sectores de menores ingresos hacen un esfuerzo contributivo, a un sistema impositivo como el argentino que esta apoyado sobre los impuestos al consumo, mucho mayor en términos proporcionales que los sectores de mayores ingresos.

La representación y estigmatización de los sectores de bajos ingresos como sectores que viven de la caridad del Estado, es incorrecta aún desde el punto de vista exclusivamente económico. La política tributaria argentina no es de ninguna manera una política que cobre a los ricos para darle a los pobres, de hecho se encuentra entre las más regresivas del mundo.

En suma, se puede percibir los muchos frentes desde los cuales se puede cuestionar el programa de jefes y jefas y el modo en que sus problemas de diseño lo convierten en un programa inconsistente y criticable. Sin embargo,  constituye la principal herramienta de política social vigente en la Argentina y es por eso es que se necesita reformularlo.

El planteo de una propuesta de reformulación: con la mitad de la población en situación de pobreza es ilusorio concebir una política social focalizada como una solución eficiente. Para dar cobertura a todos los sectores a los que se quiere asistir, la política social debe tender hacia la universalidad y el punto de partida es sin dudas el programa jefes; sin embargo la transformación necesaria no sólo es un cambio de gestión, se trata de transformar la concepción en que se apoya y da fundamento la intervención del Estado a través de las políticas sociales.
La política social debería, en este sentido, ser la principal herramienta de redistribución de ingreso convirtiéndose en el árbitro entre el Mercado y la sociedad. Las transformaciones de los noventa non fueron simplemente un cambio de política económica. Se trató de una redifinición global del pacto social existente, estructurada entorno a la regulación social de las relaciones entre el capital y trabajo.

Recomponer esta situación bajo otras claves, insertando lo social en el mismo proceso de acumulación requiere una construcción entonces, de un sistema institucional de políticas sociales que garantice la redistribución de ingresos, oportunidades y capacidades. Hoy estos derechos no pueden garantizarse sólo a través del trabajo. Deben ser asegurados a través del criterio de ciudadanía y es en este contexto que debe ser transformado el programa jefes en un mecanismo institucionalizado, automático, transparente y permanente de transferencia de ingresos a las familias en situación de pobreza. Un ingreso mínimo garantizado por el hecho de ser ciudadano más allá de la inserción presente o pasada en el mercado de trabajo y este ingreso debería estar dirigido, en primer lugar, a las familias  con menores de 19 años y como única contraprestación exigirle asistencia escolar y los controles de salud materno infantiles. Sería asimilable a una beca de desarrollo humano que reciben todos los chicos y administran sus madres.Y esto generaría mayor consenso de todos los sectores; se hace difícil oponerse a una medida como ésta. Una propuesta en este sentido es extender las asignaciones familiares alrededor de cinco millones de chicos y adolescentes que hoy no la reciben.
Esto representaría alrededor tres mil seiscientos millones de pesos anuales y hay que tener en cuenta que casi todo el resto de los chicos y adolescentes cuyos padres están asalariados en el sector formal, reciben asignaciones familiares y éstas se financian en un porcentaje importante de rentas generadas desde el Estado. Y esta es una política claramente discriminatoria para los sectores  más pobres donde se establecen dos tipos de condición de ciudadanía donde unos tienen derechos y otros no. Justamente estos son los chicos que  están en peor situación social.

En segundo lugar, un ingreso a los jóvenes de 19 a 25 años mediante becas para retorno a estudios primarios, secundarios o terciarios como única contraprestación y esto implicaría alrededor de mil seiscientos millones y abarcaría cerca de un millón de jóvenes.
Hoy el gran desafío de la política social es justamente el abordaje de la cuestión juvenil. El sostenimiento de los jóvenes hasta los veinticinco años en el sistema educativo, por múltiples razones constituye una estrategia clave para interrumpir los mecanismos de reproducción intergeneracional de la pobreza.

Y finalmente un ingreso a los setecientos mil adultos mayores que hoy no están en condiciones de recibir una pensión, y esto sería una erogación de alrededor mil doscientos millones.

Si bien es evidente que es preocupante, los escasos montos que reciben los sectores que están hoy jubilados, son mucho más preocupantes los que no reciben ningún ingreso.
Queda evidente que no se puede seguir asentando los sistemas de seguridad social en la inserción pasado, presente en el mercado de trabajo.
Hoy los distintos ministerios nacionales por atrasos en la ejecución de los programas sociales dejan de utilizar... van a dejar en el 2004 de utilizar casi mil quinientos millones. Con este saldo se podría financiar la extensión  del sistema actual de asignaciones familiares otorgando sesenta pesos mensuales a dos millones de chicos. De esta manera se producía una inmediata disminución de la pobreza en hogares con menores que se calcula en 3.2 porcentuales y en ocho puntos la indigencia y el coeficiente de Gyni disminuiría del 0,525 al 0,500. Esta medida además, tendría un fuerte impacto redistributivo y eliminaría una injusta discriminación hacia los chicos y adolescentes de los sectores más pobres. Esta medida puede ser el primer paso hacia una real transformación profunda en las políticas sociales y sólo se necesita un decreto. La iplementación es relativamente sencilla ya que el ANSES  debería incluir a estos chicos como beneficiarios de las asignaciones familiares.
Para extensión a todos los chicos jóvenes y adolescentes que hoy no cobran las asignaciones...para los jóvenes y los ancianos sería necesario cuatro mil cuatrocientos millones de pesos además.

Se destinan hoy cerca de siete mil quinientos millones de pesos en distintos programas sociales de transferencia directa de ingresos a hogares. El 79 son transferencias monetarias y el 21 en especie.
Entonces, en una segunda etapa, con la unificación de estos programas sociales, se generaría una masa de recursos suficiente para abordar estas propuestas.

El gobierno nacional anunció recientemente una serie de medidas. Las medidas beneficiarán a tres millones de jubilados y pensionados nacionales y también se prevé una asignación extra a los beneficiarios de los programas jefes de hogar por única vez y también se anunció un incremento del 50 % de las asignaciones familiares.
El criterio para distribuir estos recursos entre la sociedad, que sin ningún lugar a dudas está esperando una repartición por el daño causado por la persistente crisis, merece algunos comentarios. Si bien resulta muy positiva la serie de medidas que benefician a los trabajadores del sector formal de la economía, (incremento del salario mínimo, aumento de asignaciones familiares, adelanto de aguinaldo, postergación de impuestos, etc.) no ha tenido la misma importancia las medidas destinadas a los sectores más golpeados por la crisis y excluye completamente a los trabajadores no registrados, desempleados e inactivos no atendidos por la política social vigente que en conjunto constituye el contingente mayoritario de la fuerza de trabajo y el más pobre.
Al afectar sólo los ingresos permanentes de los beneficiarios de las asignaciones familiares, el impacto social de este grupo es muy limitado. Se puede estimar una reducción sólo del 0.4 en la pobreza  y el 0.1 en la indigencia. Respecto de los menores de 18 años sólo caería la pobreza un punto y la indigencia 0,8. Y al beneficiar a un grupo poblacional que en gran parte se encuentra entre estratos medios y medios bajos del ingreso la distribución se volvería incluso algo regresiva ya que el coeficiente de Gyni se elevaría.

Por lo tanto se hace imprescindible avanzar en la extensión de la propuesta de un ingreso por hijo extendiendo las asignaciones familiares con la única contraprestación, como decíamos, del control de salud y asistencia escolar.
Es importante señalar entonces, que este ingreso debe ser el piso. Esto no va a resolver los problemas de desigualdades ni de pobreza por si solo. Obviamente es necesario, entre otros, una fuerte inversión en los sistemas de salud y educación y la generación de empleo de calidad. Un conjunto de elementos: ingreso mínimo garantizado, mejora en la accesibilidad y calidad de las escuelas, hospitales y servicios públicos; sentará las bases de una política social tendiente a garantizar el acceso de todos a sus derechos básicos....Corto acá porque me extendí." Aplausos.