Nos hemos propuesto realizar una reflexión en torno a los servicios públicos en  nuestro país que apunta a discutir qué calidad de servicios tenemos hoy en Argentina, cuál es la que desearíamos tener, a quiénes deben servir, a través de qué recursos y  analizar la pertenencia actual de las empresas .
Durante la década del 90 los servicios fueron el sector más activo de la economía lo que permitió a las empresas privatizadas ejercer fuerte influencia sobre el Gobierno y la opinión pública. La crisis del 2001 evidenció la puja entre una sociedad que se rebelaba contra el poder político y económico y los detentores de ese poder. Las privatizadas se transformaron en un símbolo de la opulencia de la década menemista y con el mismo consenso en que en la década anterior se había apoyado masivamente las privatizaciones, se pasó a la crítica indiscriminada de su desempeño. La coyuntura económica impedía realizar ninguna adecuación tarifaria, lo que llevó a la sanción de la Ley de Emergencia, pero además cualquier corrimiento de tarifas iba a ser completamente antipopular.  
La reiterada negativa gubernamental y el malhumor del público, contuvo los reclamos de las privatizadas en el país, catapultando su lobby al plano internacional a través del G7, el FMI.  Las demandas frente al CIADI (tribunal arbitral del BM) ascienden a 20.000 millones de USD, con un primer fallo en contra de Argentina. Los acuerdos con las empresas han ido avanzando y la negociación final subordina los aumentos tarifarios a la suspensión de reclamos.  
No se puede desandar lo hecho sin medir las consecuencias económicas y políticas de una decisión de esta envergadura, no obstante es necesario despejar algunas incógnitas y tener objetivos de largo plazo en relación a los servicios públicos. La renegociación de los contratos es una oportunidad para fijar nuevas condiciones que sean equitativas para los usuarios y que permitan brindar el servicio con el nivel de calidad que requiera nuestra sociedad.
No es equilibrado que paguen justos por pecadores, no todos los Servicios Públicos fueron brindados en malas condiciones, en ciertas áreas se realizaron inversiones reales, que hoy brindan un servicio imprescindible, pero también es cierto que otras empresas han empeorado la prestación que se brindaba desde el Estado y no han cumplido con los objetivos que se fijaron. Esas empresas deben ser sustituidas, ya que si no fueron capaces de alcanzar los objetivos en la década dorada, mal podrán hacerlo actualmente.  

Década del 90: privatización absoluta de todos los Servicios Públicos.

A nivel internacional, el sistema híbrido público-privado en lo que hace a la propiedad, operación o inversión de los servicios públicos es el más común. En casi todos los países, el Estado se reserva por diversos motivos la prestación de alguno de ellos.
No está de más recordar que por su propia definición de servicios públicos, el Estado tiene la responsabilidad ineludible de brindarlos, cuestión que puede hacerla per se o a través de empresas privadas capacitadas para hacerlo. No es una cuestión ideológica que deba ser el Estado o los privados quienes brinden los servicios, sino cual es la manera más adecuada y eficiente de prestarlos desde el punto de vista del interés común. El Estado debe ineludiblemente ejercer las funciones de regulación, control y fiscalización de manera de monitorear y asegurar el cumplimiento del servicio. Desde luego que cuando son empresas privadas las que brindan el servicio, estas funciones deben ser ejercidas cuidadosamente.
En Argentina, el régimen de los servicios públicos ha oscilado por distintos sistemas de prestación. Durante la primera mitad del siglo XX, han existido empresas estatales coexistiendo con privadas, en la década del 42 la propiedad pasó a ser fundamentalmente del Estado hasta comienzos de los 90, fecha a partir de la cual pasaron a ser brindados absolutamente por empresas privadas. Actualmente se ha vuelto a un sistema híbrido, en el cual a ciertos prestadores de servicios se les ha derogado la concesión y el control ha vuelto al Estado (correo, servicio de aguas en varias provincias, electricidad en Entre Ríos, ferrocarril San Martín, etc.).
La decisión de privatizar los servicios públicos a principios de los `90  se llevó a cabo  con la aprobación generalizada de la población que acusaba al Estado por el mal manejo de las empresas estatales, que brindaban servicios insuficientes  mediante tecnologías obsoletas. La Argentina había transcurrido la hiperinflación con las tarifas de sus servicios públicos terriblemente atrasadas y que impedían llevar adelante inversiones.  La política privatizadora se presentó como la salvación de los males del Estado coincidiendo con la ola mundial que impuso las recetas internacionales del liberalismo, auspiciadas acá por las sucesivas misiones del Banco Mundial, que recomendaban en cada caso el diseño que debían tener las licitaciones, participaban en la elaboración de los pliegos y en los requisitos técnicos que debían satisfacer los futuros operadores de estos servicios, mediante consulta a los potenciales interesados.
La experiencia requerida en la explotación de servicios de la magnitud del que brindaban Obras Sanitarias, Segba o Gas del Estado no podía ser satisfecha por ninguna empresa local, por lo que fue obligatoria la participación de compañías extranjeras, que en la mayoría de los casos tenían poder controlante dentro de las sociedades de inversión. Los grupos económicos locales que habían sido fortalecidos durante la dictadura y a posteriori, durante el gobierno de Alfonsín vieron afectados sus intereses por las privatizaciones. Algunas de las empresas de esos grupos dependían de inflar precios en los contratos con empresas estatales para poder estar en el ruedo internacional a valores competitivos. Para cooptar a esos grupos que detentaban una parte sustancial del poder económico, se intercambió su rol de proveedores por el de tenedores de activos  en  empresas monopólicas u oligopólicas. Sin embargo,  para poder ser candidatos habilitados tuvieron que salir a buscar acompañantes en el exterior.
Como operadores técnicos de las futuras privatizaciones sólo estuvieron habilitadas empresas extranjeras, excluyéndose a las empresas locales, por lo que se trató más bien de la extranjerización de los Servicios.
La concesión de los servicios  significó obtener ingresos excepcionales por algunos años que disimularon los déficit de las cuentas del Estado  y permitieron la reconversión de deuda en un contexto de alta deuda pública y de debilidad institucional. Pero fue un aliento muy escaso, ya que agotado el stock de empresas a vender la deuda pegó un salto espectacular. Infelizmente, cuando ya estaba harto demostrado que el camino de la privatización no servía para socorrer a las finanzas públicas se procedió a la venta del total de activos que el Estado poseía en YPF, sin quedarse con la mínima participación que protegiese la información que orientara las definiciones estratégicas del Estado en materia de hidrocarburos. 
Mientras tanto el Estado continuó siendo un pésimo administrador, sin contar con los técnicos capacitados que permitieran realizar el seguimiento de los servicios, ya que los profesionales con experiencia o bien habían sido absorbidos por las empresas o estaban en la calle,  por lo cual las tareas de regulación y control no fueron asumidas de acuerdo a las exigencias que los marcos regulatorios presuponían. Los organismos reguladores inclinaban el fiel de la balanza del lado empresario y no el del usuario, quien además no tenía ninguna experiencia en materia de regulación y no estaba capacitado para ejercer sus derechos. Recordemos que el esquema de control de los SP fue importado del derecho anglosajón, con todos los elementos que éste propicia, como el de las Audiencias Públicas destinadas a que los terceros afectados puedan invocar sus intereses frente a las decisiones empresarias. La participación del público en general en las audiencias fue y es escasa, y exige un grado de entrenamiento para aquel que quiera presentar y defender su punto de vista, además de estar al corriente de todas las ponencias.


El poder concentrado monopólico/ oligopólico de las empresas privatizadas

Los servicios fueron concesionados dándoles en muchos casos exclusividad territorial. Si bien ciertos servicios pueden ser prestados en competencia, otros, principalmente los de red, tienden a ser monopolios naturales en los cuales se simula la competencia a través de la desverticalización, acceso abierto y competencia por segmento de actividad. Es decir que se pretende que actúen bajo reglas de competencia  ya sea ésta genuina o simulada. Pero no siempre esta simulación logra su objetivo fundamentalmente cuando existen restricciones de oferta.
Durante 2004 y 2005 algunas de las tarifas se han ido actualizando paulatinamente. Es el caso del gas natural para ciertas categorías de usuarios, fundamentalmente industriales y centrales eléctricas, los cuales pagan hoy precios  similares a los vigentes antes de la crisis del 2002. La falta de inversiones en exploración a lo largo de la década pasada  trajo aparejada una disminución de reservas y restricción de oferta, lo cual implicará que las futuras adecuaciones de precios conlleven a niveles superiores a los que regían durante la convertibilidad. Este contexto de oferta concentrada en pocas manos y escasa y demanda atomizada no es el más adecuado para hablar del cumplimiento de las reglas del mercado y la sanción de precios a través de mercados virtuales y de futuro. El resguardo del Estado deberá controlar que no pueda existir un desmesurado  incremento no acorde con los costos a asumir por las empresas productoras.
 
Tratándose de servicios públicos los mercados deberían ser herramientas de la política de Estado y no actuar colisionando, imponiendo y menos aún dictando políticas públicas.

Políticas de Estado en materia de servicios públicos

Enunciamos algunas de ellas, sin que esta lista sea taxativa:

• Cobertura más amplia posible de habitantes
• Prestación bajo el mejor esquema costo-tarifa.
• Desarrollo y expansión de la infraestructura nacional para favorecer su utilización por parte de la industria y del resto de los servicios en forma competitiva con valores internacionales.
• Selección de las tecnologías más adecuadas en cada caso.
• Las tarifas asociadas a estándares de calidad prefijados, los cuales deberán ser mejorados en el tiempo en la medida que factores de escala y de tecnología así lo permitan.
• Tarifas sociales a los usuarios empobrecidos que no puedan pagar una tarifa plena (vía subsidios explícitos o  alocando sus costos en otros usuarios, aunque este camino debería limitarse lo más posible para no producir afectaciones mayores)
• Orientación hacia el uso de recursos más abundantes en el territorio
• Tratándose de energéticos preservar los recursos no renovables.
• Impedir la afectación del medio ambiente o minimizar su impacto cuando éste sea ineludible.
• Ser brindados de manera autosustentable para garantizar la prestación en el tiempo.  

Las políticas de Estado y el régimen de aplicación en cada uno de estos servicios, no pueden estar sujetas a cuestiones programáticas o coyunturales, deben consensuarse con la sociedad porque no son modificables de un día para otro y tienen una alta incidencia en cuanto a calidad de vida de los habitantes, de sus patrones culturales ya que su carencia implica inequidad social y subdesarrollo  y la insuficiencia o restricción de alguno de ellos, como el eléctrico, pueden acarrear serias consecuencias para la economía de un país.
La evolución sustentable desde el punto de vista de la expansión en el mediano y largo plazo implica la necesidad de contar con tarifas coherentes con los costos de cada servicio. Al no establecer incrementos de tarifas de acuerdo a la responsabilidad de los costos que corresponde a las diferentes categorías tarifarias, se encarecen por demás las de ciertos usuarios como es el caso de los industriales en el gas y la electricidad ya que vienen asumiendo los aumentos de los segmentos mayoristas sobre sus hombros. En el contexto de pobreza actual, es de difícil aplicación un aumento indiscriminado a sectores de bajos recursos, pero hay segmentos residenciales de alto poder adquisitivo que están perfectamente en condiciones de afrontar esos aumentos. 

Impacto social de la privatización de los Servicios Públicos.

Impacto Social de la privatización del los Servicios Públicos.

La privatización de los servicios públicos tuvo un gran impacto en la sociedad argentina por el gran desempleo que trajo aparejado, pero además porque cumplían otras funciones sociales muy importantes que luego no fueron sustituidas ni por el Estado ni por las empresas multinacionales.
Uno de los temas importantes dejado de lado es el de la capacitación técnica. Las escuelas de ingeniería (caminos, hidráulica, de petróleo, etc.)  eran financiadas por las empresas estatales y fueron el semillero de todos los técnicos que han continuado administrando los servicios. Nos permitía estar al tanto de lo que ocurría a nivel internacional en materia científica y tecnológica en todos los ítems referentes a los servicios.  La falta de certeza de conseguir un empleo en estas empresas que fueron muy poco receptivas en la captación de recursos, llevó a desmotivar a los jóvenes para seguir carreras técnicas y trajo aparejada la ausencia de adecuación tecnológica. Hoy somos  totalmente dependientes para conocer los meros costos de reemplazo de equipamiento y de prestación. Además, no hay técnicos capacitados para suplir a los que se retiran y tampoco las empresas tienen sensibilidad a la hora de promover la capacitación de recursos idóneos.
La decisión de discontinuar con la prestación de un servicio en un área determinada significó por ejemplo, despoblar localidades. Cuando se privilegió el rol empresarial sobre ciertas funciones sociales, se cerraron hospitales, escuelas, clubes, etc.
Todos estos impactos deberán ser evaluados algún día por investigadores que nos dirán si la decisión de cambio de régimen de prestación fue satisfactoria y compensó todos estos impactos negativos.
A la luz de lo que pasó, hoy deberíamos pensar cautelosamente que no puede haber cambios drásticos sin tener en cuenta todos los nuevos efectos que podrían producirse y los actores involucrados.

CIADI versus renegociación de contratos:

Desde inicios del 2002 el comportamiento de los servicios públicos se fue agravando y ha venido respondiendo a las necesidades de los argentinos con un comportamiento dispar. Por una parte, aquellos servicios que tuvieron marcos regulatorios legalmente establecidos como el eléctrico y el gas, después de la privatización se desempeñaron correctamente y hoy han continuado atendiendo los usuarios existentes, pero no han sabido hacer frente a las expansiones de demanda mediante inversiones en infraestructura que la economía en crecimiento estaba demandándoles.
Por otro lado, servicios públicos como el transporte ferroviario,  aéreo o automotor han continuado su decadencia, pese a contar con subsidios importantes, incrementados recientemente. En estos casos la presencia de los operadores técnicos responsables no fue definitoria a la hora de resguardar la calidad de servicio o respetar  estándares internacionales. Los servicios no han demostrado tener una modernización ni eficientización (caso ferrocarriles). Tampoco hubo en otros un cubrimiento conforme a las necesidades de la población (caso Aguas).
 Estas empresas han alegado con persistencia que los ingresos que perciben son insuficientes para cubrir sus costos operativos, realizar inversiones y obtener una rentabilidad justa que permita retribuir el capital invertido sea propio o prestado
Cuando hablamos de los servicios públicos y la renegociación de sus  contratos nos referimos a aquellos servicios que han sido concesionados en los ´90 a partir de la privatización de las empresas estatales, que tienen precios regulados y  que han sido congelados a partir de la Ley de Emergencia 25561. Esto  abarca a 59 contratos que incluyen: la transmisión y distribución eléctrica, transporte y distribución de gas, comunicaciones, agua, terminales portuarias, dragado y balizamiento, accesos viales urbanos, corredores viales nacionales, ferrocarriles de carga y aeropuertos. Del análisis y discusión de estos contratos se ocupa la UNIREN (Unidad de renegociación y análisis de Contratos de Servicios Públicos) que está en la órbita del Ministerio de Economía. Coordinadamente con la UNIREN actúan los Entes Reguladores: CNC (Comunicaciones), ETOSS (Servicios sanitarios), CNRT (Transporte), OCCOVI (Corredores viales),  AGP (Puertos), ORSNA (Aeropuertos), ENARGAS (Gas) y ENRE (Electricidad) y las Secretarías de Energía, Transporte, Comunicaciones y Recursos Hídricos. Es decir que si bien la UNIREN está en el ámbito del Ministerio de Economía el tratamiento de los temas técnicos y las resoluciones de tipo político se realizan en conjunto con el Ministerio de Planificación y Obras y Servicios Públicos.
En lo que se refiere al gas y a la electricidad en el análisis de estos servicios es ineludible incluir el suministro básico de estos servicios como es el caso de la producción de energía y de gas natural, que si bien no son servicios públicos en sentido estricto (la producción de energía ha sido definida "de interés general") sus precios y su disponibilidad integran el servicio que recibe el usuario. Este último no puede discernir si un corte de energía se produce por fallas en la generación, la transmisión o si falló el transformador en el barrio. También si uno de los responsables de la cadena eleva su precio, aunque los otros no lo hagan el usuario ve un aumento en su factura. Por lo tanto, debería  existir un equilibrio a lo largo de la cadena entre todos los actores, para que cada uno de ellos brinde eficientemente su parte del servicio y sea retribuido equitativamente. En particular, donde existe una restricción y concentración de oferta como actualmente sucede con el gas natural, es menester proteger por todos los medios los intereses de los usuarios. 
Paralelamente las discusiones tarifarias y la renegociación de los contratos de concesión se han ido dilatando, sin que exista un horizonte claro de su finalización. Esto ha dado origen, como es por todos conocido, a  fuertes acciones de lobby de las empresas frente al Fondo Monetario y a la realización de juicios multimillonarios contra Argentina en el CIADI (El centro Internacional de arbitrajes por arreglo de diferencias relativas a Inversiones tribunal arbitral del Banco Mundial) demandas basadas en tratados internacionales con diversos países que amparan a las empresas de estos países frente a tratos discriminatorios y supuestas violaciones a los tratados dentro de la Argentina. Las causas esgrimidas por las empresas extranjeras de SP para recurrir a estos tribunales son: la pesificación y la Ley de Emergencia que han impedido incrementos tarifarios conforme a la evolución de los costos internos, inobservancia de obligaciones establecidas en contratos de  concesión, licencias y expropiación de activos en forma indirecta al no permitirles ajustar las tarifas.
Las 34 demandas contra la Argentina en el CIADI ascienden a USD 17.000 millones. Recientemente el CIADI laudó contra la Argentina condenándola a pagar USD 133 millones a CMS empresa de origen americano. El laudo fue emitido por unanimidad, es decir que aún el árbitro seleccionado por Argentina, laudó en contra. El tribunal arbitral desestimó los argumentos de  expropiación y discriminación, pero determinó que se había producido un perjuicio real contra la empresa al no permitirle cubrir sus deudas financieras mediante un ajuste tarifario. Las situaciones excepcionales vividas por Argentina durante 2002, 2003 y 2004 no son excusa para el CIADI, ya que éste sostiene que no se puede extender indefinidamente la situación de crisis y entiende que una vez terminada la misma debe volverse a las relaciones contractuales.
Si bien el monto es sustancialmente inferior al reclamado por la empresa el valor es sideral y tiene un fuerte impacto que sienta un pésimo precedente para el resto de los juicios.
Cuando se han alcanzado acuerdos transitorios con las empresas privatizadas de incrementos tarifarios la condición impuesta por los negociadores del Gobierno ha sido el abandono de los reclamos frente al CIADI, estrategia que ha rendido sus frutos ya que varias de las empresas han anunciado el total desistimiento o la suspensión provisoria hasta lograr la renegociación definitiva del contrato. Este ha sido el caso de la empresa AES de USA y de las españolas, Gas Natural BAN (Repsol), Edesur (Endesa) y Telefónica .
Hoy la UNIREM (unidad renegociadora de contratos) tiene acuerdos firmados con 19 empresas, pero sólo uno pasó por el filtro de ambas Cámaras en el Congreso: EDELAP, conlleva un aumento del 15% sobre sus tarifas (excepto los residenciales). Los acuerdos  de Terminales Portuarias, Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste automáticamente quedan aprobados habiendo transcurrido los 60 días reglamentarios en los cuales hubo  acuerdo del Senado, aunque no en diputados, donde no llegó a tratarse el tema. En el caso de Terminales Portuarias se mantuvieron las tarifas dolarizadas, lo cual sienta un mal antecedente para las otras empresas reclamantes en el CIADI.
Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste, obtuvieron aumentos del 15% cuya implementación depende ahora del Poder Ejecutivo. A continuación serán tratados por la Comisión bilateral los acuerdos de las empresas de transmisión eléctrica: Transener, Transba y Distrocuyo. Los otros acuerdos están en diferentes estadios, algunos han superado las audiencias públicas, como es el caso de GASBAN, Edesur  o Ferro Expreso ROCA y deben hacer ajustes que responden a observaciones realizadas durante las audiencias.
Luego de la Audiencia Pública de Edenor y Edesur, Endesa, controlante de Edesur aceptó el aumento de su margen del 23% pero con techo promedio en la tarifa final del 15% sólo para usuarios industriales y comerciales y anunció que suspendería las acciones en el CIADI. La compra de la parte controlante del paquete accionario de EDENOR por parte del Grupo Dolphin significa a su vez que en corto plazo se arribaría a un acuerdo con esta empresa y al desistimiento por parte de EDF (la ex controlante). 
El Estado argentino se dispone a apelar los fallos y para ello ha contratado la asistencia legal de un estudio estadounidense, la contestación formal es parte de las exigencias del FMI para legar al tan discutido acuerdo
Hoy es interés del Gobierno no mezclar los efectos de aumentos tarifarios con las elecciones de octubre, por lo que la implementación de estos acuerdos con las empresas se va a postergar hasta noviembre, mientras tanto, ya son varias las empresas que aceptan la suspensión de sus demandas y el desistimiento cuando se logre la revisión, contractual.